Desde que el campesino levanta su cosecha hasta que llega al último comprador hay en promedio, de 3 a 7 intermediarios que van incrementando los precios del alimento.

Los campesinos mexicanos son víctimas de las grandes empresas comercializadoras de sus productos y de las transportistas de la administración de Carlos Salinas de Gortari a la fecha. El neoliberalismo que propició el abandono del agro repercute en el consumidor final, pues es el segundo más afectado al pagar hasta el 200 por ciento más el precio del producto adquirido, sean frutas, verduras, cárnicos, lácteos o granos.

La producción de alimentos en México recae en pequeños productores campesinos, en un 70 por ciento, se trata de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Sin embargo, en la cadena productiva son los monopolios los que acaparan la mayor parte de la producción, se ubican en la transportación y comercialización, y son quienes se quedan con buena parte del valor dependiendo el producto.

Unproducto como el jitomate o el aguacate  pasan por entre cuatro y hasta 10 intermediarios, dependiendo el destino y si van a exportarse.

El incremento de los precios en alimentos del consumo diario del mexicano son las cifras reportadas en las estadísticas del mercado mundial y mercado nacional de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), que dan cuenta que el precio más bajo se compró al productor de jitomate rojo en Nayarit a 6.24 pesos por kilo; mientras que el más alto se localizó en San Luis Potosí, con 11.73 pesos. En tanto que el precio al consumidor más bajo se ubicó en Tepic, Nayarit, por 22.12 pesos y el más alto en Tijuana, Baja California en 37.68 pesos.

La cebolla tuvo un precio al productor más bajo Puebla, por 4.31 por kilo y el más alto en Sonora, con 14.70 pesos. Este mismo producto al consumidor el precio más bajo se detectó en Aguascalientes, con 21.56 pesos y el más alto en La Paz, Baja California Sur, en 30.18 pesos.

Los márgenes de comercialización de frijol pinto, a Mayo de 2020, fueron: precio al productor más bajo en Jalisco, en 9.62 por kilo; el más alto en Zacatecas, por 16.09 pesos. Al consumidor: el más alto en La Paz, Baja California Sur, en 30.48 pesos; el más bajo se detectó en Morelia, Michoacán, en 20 pesos.

En tanto que el chile serrano, según los datos de FIRA, el precio más alto al productor se localizó en San Luis Potosí, en 11.86 pesos por kilogramo; el más bajo se situó en Sonora, con 7.38 pesos. Mientras, el precio al consumidor más alto se ubicó en Puebla, con 44.42 pesos por kilo y el más bajo se detectó Toluca, Estado de México, en 18.83 pesos.

Los encargados de la transportación de alimentos así como coyotes,  se aprovechan de que las cosechas pueden echarse a perder en caso de no ser vendidas para comprar barato a los productores y vender a un precio mucho mas elevado a los consumidores finales.

Estas empresas aprovechan cualquier tipo de crisis para incrementar el costo de sus operaciones, lo que vulnera cada vez más a los campesinos

Información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) precisa que en el país hay 65 centrales de abasto, las mismas que funcionan como uno más de los intermediarios.

Las corporaciones multinacionales forman parte de esta estructura, donde culmina la cadena de valor.

La pobreza del productor

El Panorama agroalimentario 2019 –elaborado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el SIAP– indica que de los 54.9 millones de mexicanos que trabajan, 5.5 millones lo hacen en actividades agrícolas; otros 938 mil en la cría y explotación de especies ganaderas y 162 mil en la pesca y acuacultura.

Hasta el sexenio pasado, los ingresos de los campesinos evidenciaba a un campo bipolar. El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 resalta los grandes contrastes con 5.3 millones de unidades económicas rurales, de las cuales 3.9 millones (que representan el 72.6 por ciento del total) se caracterizan por ser de subsistencia o con limitada vinculación al mercado y presentan ingresos anuales netos menores a 17 mil pesos.

Opuesto a ello, se encuentran 448 mil unidades; es decir el 8.4 por ciento que desarrollan una actividad empresarial con ingresos anuales superiores a 562 mil pesos y únicamente poco menos de 18 mil unidades (0.3 por ciento del total) pertenecen a un estrato empresarial dinámico, con escala productiva comparable con empresas de la industria o del sector servicios y cuyo principal problema es el de alcanzar niveles de competitividad de largo plazo.

El 9.9 por ciento de las unidades económicas de producción, tienen una actividad empresarial con rentabilidad frágil y sus ingresos por ventas promedio anuales ascienden a 152 mil pesos.

En  el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Panorama agroalimentario 2019 deja ver que las desigualdades persisten en el campo mexicano, pues reporta que de los 5.5 millones de mexicanos en actividades agrícolas, el 31 por ciento cuenta con un ingreso mensual de hasta 123.22 pesos por día (salario mínimo).

La desigualdad se manifiesta con apenas el 0.9 por ciento de los que se dedican a esta actividad, quienes perciben más de cinco salarios mínimos; es decir arriba de los 616.1 pesos. El documento también indica que el 23.6 por ciento de los campesinos no recibe ingresos por su trabajo.

En medio de esta brecha, está el 28.7 por ciento que obtiene más de uno y hasta dos salarios mínimos (podría alcanzar los 246.44 pesos); el 9.1 por ciento que percibe mensualmente más de dos, hasta cinco salarios mínimos (369.66 pesos, 492.88 pesos y hasta 616.1 pesos). En las cifras oficiales aparece un 7.6 por ciento no indicado.

Riesgos en las operaciones

Además de las pocas ganancias que dejan en los campesinos la cadena de comercialización, estos se enfrentan a una problemática más: la falta de garantías para que sus cosechas les sean pagadas.

Martín Martínez, también integrante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), comenta que es uno de los riesgos que se corren en las negociaciones es ser sujetos de fraude. Hablando de carnes, granos o lácteos los productores tienen el temor de  no ser pagados, por lo que  tratan de trabajar con empresas muy serias con las que saben que hay una confianza mutua, pero el riesgo es latente. Pero hay ocasiones, en la que las empresas se han declarado en quiebra y quedan a deber. Además, existen compradores que aparecen de repente en los pueblos, ofertando pagar de contado que desaparecen con la mercancía en mano; eso ha sido muy común en cosechas de trigo y maíz. El productor siempre anda con ese pendiente, igual en la venta de animales; existen muchos pilluelos que se llevan a los animales sin pagar.

Reestructuración del sistema

Los líderes campesinos comentan que las políticas de la Secretaría de Agricultura, a cargo de Víctor Villalobos Arámbula, aún no da visos de la efectividad en los programas y políticas públicas destinados al sector.

Con la firma del Tratado de Libre comercio, la comercialización agrícola se ha ido dejando en manos de los más poderosos en el mercado y este modelo permanece

Actualmente, los productores mexicanos cuentan con un precio de garantía, operado por Seguridad Alimentaria Mexicana, y en el que se ha estipulado la compra de: maíz, trigo, frijol arroz y leche.

Sin embargo, los productores de talla mediana, que tienen de seis a 10 hectáreas, han dejado de obtener apoyos como el que se otorgaba a través de Procampo, debido a los cambios administrativos y las reglas de operación.

Los productores de granos y manzanas comentan que este subsidio era importante para el sector de los agricultores, pues los recursos que les llegaban les permitía invertir en la adquisición de insumos como fertilizantes, que a la fecha se han incrementado en un 30 por ciento a causa de la devaluación del peso frente al dólar. Tampoco tienen acceso a los créditos de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero porque las tasas de interés se incrementaron del nueve al 18 por ciento anual; además de no contar con las garantías que requiere la institución de la banca de desarrollo.

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