Existen oportunidades que las empresas pueden aprovechar asociándose con ejidos, aunque es una opción poco aplicada puede traer como resultado una balanza comercial agropecuaria superavitaria.

En México el 60% de los ejidos cuentan con pastos no cultivados y superficies de agostadero que presentan fuertes problemas de erosión como resultado del sobrepastoreo y la sobreexplotación de plantas y arbustos de la zona; esta situación provoca que una cuarta parte de los núcleos agrarios presenten procesos de desertización en sus áreas de uso común y aunado a la forma de organización para el destino y aprovechamiento de la tierra, trae como consecuencia que se cuente con una gestión deficiente de los recursos.

Existen factores como la pobreza, la ausencia o débil cooperación y la falta de organización centrada mayoritariamente en la familia nuclear; los que impiden llevar a cabo estrategias de mantenimiento, restauración y conservación de los recursos de la zona.

Ahora bien, México ha demostrado que a pesar de esta problemática reúne las condiciones necesarias para incrementar la producción de alimentos de forma sostenible ya que según datos de SIAP, por sexto año consecutivo y a pesar de la pandemia por COVID-19, la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial presenta un superávit cercano a 10,000 millones de dólares anuales. 

Dentro del marco jurídico agrario, desde 1992 se establece la posibilidad de que los ejidos y comunidades aporten tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles así como a inversionistas privados o públicos. Esas sociedades pueden tener fines ya sea forestales, ganaderos o agrícolas, etc.

Según el Registro Agrario Nacional, las tierras de uso común representan el 65.2% del total de la propiedad ejidal y comunal y es el artículo 75 de la Ley Agraria el que regula el procedimiento de aportación de tierras si hay una asociación. 

Con el respaldo de esta legislación, existe una seguridad jurídica y se establecen guías legales para establecer adecuadamente la delimitación de las tierras con el acompañamiento de la Procuraduría Agraria en temas como la equidad en los términos propuestos, el aprovechamiento racional de los recursos y que se tenga certeza en la inversión proyectada.

El procedimiento para dicho proceso es que se establezca una asamblea de ejidatarios que analice y que al menos dos terceras partes de sus integrantes aprueben el proyecto en presencia de un representante de la Procuraduría Agraria y un notario público que de fé de los acuerdos de la asamblea.

En México se deben de observar nuevos horizontes de oportunidad y sin duda una de esas oportunidades se encuentra en la asociación, en donde ejidos y comunidades poseen tierras y agua en algunas zonas y en donde inversionistas pueden contribuir con su capital dando mayores posibilidades de incorporar la innovación tecnológica a la agricultura, producción forestal y ganadería. A fin de que las sociedades sean sostenibles deben ser equitativas y respaldadas por un marco jurídico.

Es importante remarcar que el campo mexicano cuenta con recursos que si son bien manejados puede tener grandes logros en la producción, desafortunadamente y como lo muestra la Encuesta Nacional Agropecuaria del INEGI en 2019, en el campo existe muy poco crédito que impulse a los productores; ya que solamente el 8.4% de las unidades de producción agropecuaria accedieron a financiamiento; por lo que se carece de capital financiero para llevar la infraestructura, equipamiento y tecnología que el campo requiere para su optimización.

Debido a esta problemática y sabiendo que los programas de financiamiento pueden ser escasos y que no están al alcance de todos,  Smattcom y los servicios de comercio seguro de Ezkommerce, en alianza con iBan y Solucredit te invitan a lograr concretar tus proyectos, solicita un asesor y tramita tu crédito hoy mismo.