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Cuando el jitomate sube de precio, el efecto no se queda en el anaquel del supermercado. Llega directo a la mesa de cada familia mexicana: en la salsa, en el guiso, en el taco, en el arroz. Por eso, cada vez que su precio se dispara, la pregunta correcta no es cuánto puede aguantar el consumidor, sino qué puede hacer México ante un mercado agrícola que hoy enfrenta más presiones que nunca.
En la primera quincena de abril de 2026, el INEGI reportó una inflación anual de 4.53%. Los precios de frutas y verduras subieron 4.29% solo en esas dos semanas. El jitomate fue el producto con mayor impacto: 24.37% de incremento quincenal, el más alto del ciclo. La inflación anual de ese rubro llegó a 23.03% en el mismo periodo.
La respuesta del gobierno fue ir a la mesa con productores y cadenas comerciales. El resultado: la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) por seis meses más, con la canasta básica de 24 productos anclada en $910 y el compromiso de reducir el precio de perecederos como el jitomate hasta en $40.
La intención es entendible. El problema es que topar precios en productos perecederos, sin subsidios ni compensación clara para la cadena, puede presionar precisamente a quienes abastecen el mercado. El precio del jitomate no se forma en el supermercado: se forma en el campo, en los costos de logística, en la rentabilidad de la siembra, en los aranceles con EE.UU. y en el clima.
Los precios altos de 2026 son el resultado de varias presiones acumuladas, no de un margen excesivo en las góndolas.
El precio alto no nace en el supermercado. Nace en el campo, en la frontera, en la disponibilidad de agua, en la decisión de siembra y en la relación comercial con EE.UU.
Topar el precio del jitomate en autoservicios puede parecer una salida rápida, pero no corrige el problema de fondo.
Si no existe compensación clara para tiendas y proveedores, la pérdida no desaparece: se traslada hacia otros eslabones de la cadena. En perecederos el margen de error es muy pequeño: el producto se echa a perder, genera merma, necesita rotación rápida y exige una cadena logística eficiente. Comprimir ese margen sin apoyo produce desabasto, menor calidad en anaquel y presión sobre los proveedores con menos capacidad para absorber el golpe.
Hay un riesgo adicional. Los perecederos son una de las razones principales por las que las familias visitan los autoservicios. Si el precio se controla solo ahí, el mercado no se corrige de manera generalizada: simplemente traslada las pérdidas a unos pocos actores de la cadena.
Desde Smattcom proponemos una alternativa más concreta y alineada con los fenómenos reales de oferta y demanda:
Establecer un mecanismo temporal de alerta por seguridad alimentaria que permita limitar el volumen diario de exportación cuando el precio nacional de un producto estratégico supere ciertos umbrales.
La lógica es directa. Si el jitomate escasea en México y su precio llega a niveles extraordinarios, una parte del volumen que normalmente cruzaría hacia EE.UU. debería permanecer en el mercado nacional hasta que el precio se normalice. No se trata de castigar al productor ni de cerrar exportaciones: se trata de administrar temporalmente el flujo cuando existe una emergencia real de abasto.
El propio T-MEC reconoce esta posibilidad. El artículo 3.5 del capítulo agrícola establece que una parte puede aplicar temporalmente una prohibición o restricción de exportación sobre alimentos para prevenir o aliviar una escasez crítica, siempre que se cumplan condiciones de notificación, justificación y temporalidad.
También es cierto que el T-MEC establece una prohibición general de las restricciones de importación y exportación, salvo excepciones previstas en el propio acuerdo o en el GATT. Cualquier medida tendría que estar técnicamente sustentada, notificada con mínimo 30 días de anticipación, limitada en el tiempo y diseñada con cuidado jurídico.
Si México limita temporalmente el volumen de cruce diario hacia EE.UU. durante una alerta de seguridad alimentaria, habría más producto disponible para el mercado nacional y menos para el mercado estadounidense.
El productor mexicano no tendría que salir perdiendo. El menor volumen exportado podría compensarse con mejores precios en EE.UU. por escasez relativa, mientras que una mayor parte del producto se quedaría en México para aliviar el gasto de las familias. La medida debería respetar contratos ya firmados, o al menos establecer un régimen transitorio para no romper compromisos comerciales vigentes.
El mecanismo funcionaría bajo reglas claras:
Con este esquema, los ajustes se producirían de forma más natural en toda la cadena: autoservicios, mercados populares, centrales de abasto y tianguis.

Esta propuesta no está libre de riesgos, y hay que nombrarlos con claridad.
EE.UU. podría interpretar la medida como una restricción comercial agresiva o responder con represalias. También existe el riesgo de corrupción en cruces fronterizos si el mecanismo no es transparente, digitalizado y auditable. Además, el T-MEC establece obligaciones específicas de notificación, consulta, justificación económica y temporalidad que México tendría que cumplir de manera rigurosa.
Esta alternativa no puede improvisarse. Requiere sustento técnico, legal, comercial y agroalimentario antes de activarse. Pero tampoco puede descartarse: si el propio tratado reconoce la posibilidad de medidas temporales ante escasez crítica de alimentos, México debería analizar seriamente cuándo, cómo y bajo qué condiciones activar una alerta de este tipo.
Topar precios puede dar alivio político inmediato. No resuelve el problema estructural.
El campo responde a incentivos. Si un año el productor pierde dinero, al año siguiente siembra menos. Si enfrenta aranceles, cambia de cultivo. Si el clima destruye la oferta en Florida o Sinaloa, el mercado se encarece. Si hay plagas, inseguridad o costos logísticos altos, el precio sube.
La pregunta de fondo no es si el jitomate debe costar menos —todos queremos que cueste menos—. La pregunta es qué mecanismo baja el precio sin destruir la cadena que lo produce, transporta, comercializa y pone en la mesa.
Desde Smattcom creemos que México necesita herramientas más inteligentes para proteger su mercado interno sin romper la lógica económica del campo. Una alerta temporal por seguridad alimentaria, bien diseñada, podría ser una alternativa más honesta que topar precios al final de la cadena.
Porque el jitomate no es solo una mercancía. Es un alimento estratégico, un producto emblemático de México y una pieza diaria de nuestra cultura alimentaria.
Cuando su precio se sale de control, la respuesta no puede ser solo en el anaquel. Hay que mirar toda la cadena: desde la siembra hasta la frontera.
Y sobre todo recordar una cosa: ¡el jitomate es nuestro!
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🌱 El precio del jitomate llegó a 98 pesos el kilo. El PACIC aplica en cadenas participantes. Los mercados y tianguis donde compra la mayoría de los mexicanos siguen moviéndose por su cuenta. El campo necesita información, no solo acuerdos.
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