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El 1 de julio de 2026, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá entrará a su revisión conjunta más importante desde que se firmó. Y contra todo pronóstico, el sector que más problemas tiene sobre la mesa no es el energético, ni el automotriz, ni el de semiconductores. Es el campo. Según el Informe Nacional de Estimación Comercial 2026 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el agro mexicano tiene al menos nueve obstáculos abiertos con Washington, una cifra que supera a cualquier otro sector. Y en medio de todo este ruido, hay una pregunta que casi nadie se está haciendo en voz alta: cuando el precio del tomate o del chile se dispara en México, ¿realmente conviene seguir exportando sin freno al mercado estadounidense?
La revisión de julio no es un trámite. Es el momento en el que los tres países decidirán si el tratado se mantiene vigente tal como está, se renegocia, o entra a un proceso de ajustes profundos que podrían modificar las reglas del comercio agroalimentario en Norteamérica por los próximos años.
Estados Unidos llega a la mesa con una lista larga. Sus puntos de fricción con el agro mexicano incluyen:
Del otro lado, del lado mexicano, la preocupación es distinta: garantizar que el tratado no se convierta en una palanca para imponer aranceles unilaterales como los que ya se aplicaron al tomate fresco en julio de 2025, con un impuesto del 20.91% que golpeó directo a los productores de Sinaloa, Jalisco y San Luis Potosí.
Para entender la magnitud del asunto hay que poner números sobre la mesa. México no es un exportador más. Es el mayor exportador mundial de tomate fresco, con ventas al extranjero por alrededor de 2,787 millones de dólares anuales, de los cuales cerca del 98% tiene como destino Estados Unidos.
En términos de volumen: México produce aproximadamente 3.6 millones de toneladas de jitomate al año, y exporta 1.8 millones. Es decir, la mitad de toda la producción nacional sale del país. Y no sale a cualquier lado: sale a un solo cliente.
Esta dependencia se replica en otros cultivos, como aguacate, chile, berries, espárrago, cebolla, pepino. México es granero para Estados Unidos, y ellos son el único cajero importante que tiene la exportación agrícola mexicana.
Cuando funciona bien, el sistema genera ingresos millonarios en dólares y empleos en el campo. Cuando se desequilibra, como está pasando ahora con el jitomate, pone en riesgo el abasto interno.
Aquí llegamos al punto que pocos se atreven a discutir abiertamente. En abril de 2026, el precio del jitomate al consumidor en México subió hasta 190% interanual en la Central de Abastos de la Ciudad de México. Un kilo que en marzo de 2025 costaba alrededor de 25 pesos, hoy se paga hasta en 55 o 70 pesos en algunas zonas del país.
La explicación oficial apunta a factores climáticos, sequía en Sinaloa, crisis de fertilizantes y bloqueos logísticos. Todo eso es cierto. Pero hay un factor adicional que suele quedar fuera de la conversación: cuando el precio sube en EE.UU., los productores prefieren exportar antes que abastecer el mercado nacional. Es economía básica. Si un comprador estadounidense paga en dólares y ofrece un margen mayor, la caja de tomate se va al norte antes de llegar a la Central de Abastos.
En agosto de 2025, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura publicaron en el Diario Oficial un acuerdo que fija precios mínimos de exportación para el tomate fresco. El acuerdo buscó evitar distorsiones de mercado tras el fin del Acuerdo de Suspensión Antidumping con EE.UU. Un dato importante: el propio gobierno aclaró que este mecanismo no busca restringir volúmenes ni fijar precios máximos.
Hay un planteamiento que cada vez suena más fuerte en mesas técnicas y conversaciones del sector: en momentos de alza excesiva del precio interno, topar el volumen de exportación como mecanismo de estabilización. La lógica del planteamiento es simple: si hay menos producto saliendo hacia EE.UU., queda más producto disponible en el mercado nacional, los precios internos se moderan y el consumidor mexicano no queda como víctima de la lógica exportadora.
Un esquema simplificado sería así: en lugar de que un productor venda dos camiones a 50 dólares cada uno en EE.UU., vende uno a 70 dólares allá y uno a 30 dólares acá. El productor no pierde ingreso. Lo que cambia es que el cliente estadounidense paga un poco más por el producto, y el consumidor mexicano recupera acceso al básico.
La revisión del TMEC llega justo cuando este debate está caliente. Cualquier medida unilateral mexicana sobre volúmenes de exportación tendría que pasar el filtro de las disposiciones del tratado, que contempla reglas específicas sobre restricciones cuantitativas al comercio. El margen de maniobra existe, pero es estrecho, y cada movimiento en la mesa de revisión será leído con lupa por ambos gobiernos.

Más allá del debate exportador, hay un problema estructural que el TMEC no va a resolver: la concentración regional de la producción. Sinaloa aporta casi el 30% del jitomate nacional. Cuando Sinaloa estornuda, el país se resfría. Y eso no se arregla con un tratado comercial, se arregla con inversión en otras regiones productoras, con mejor infraestructura de riego, con cadena de frío y con información de mercado en tiempo real.
Porque al final, la pregunta real no es solo si topamos o no las exportaciones. La pregunta es: ¿tenemos la información suficiente para tomar decisiones acertadas cada vez que el mercado se mueve? Tanto el productor que decide a quién venderle, como el distribuidor que decide a qué precio comprar, como el gobierno que decide qué medidas aplicar, todos necesitan datos confiables y actualizados.
En un contexto donde la revisión del TMEC redefine las reglas del comercio agroalimentario y los precios internos se vuelven volátiles, operar con información incompleta es el mayor riesgo que un productor o distribuidor puede correr.
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