El mal uso de los plaguicidas en México es consecuencia de la falta de una ley que regule la actividad y evite serios daños a la salud humana y al sector agropecuario, en especial, a los apicultores, afirmó la directora general del Sector Primario y Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Adelita San Vicente Tello.

La posible regulación y prohibición ha generado posicionamientos encontrados de agricultores, productores y hasta empresarios que se dedican a este sector en el país.

La disputa para vetar este tipo de productos — considerados como altamente peligrosos — a nivel nacional, puso en la mesa el debate sobre las repercusiones que esta medida tendría para productores y los cultivos, así como los efectos nocivos del uso prolongado de estas sustancias.

Uno de los efectos inmediatos sería la escalada de precios en los alimentos, en caso de que este impedimento legal logre prosperar en el Legislativo.

La reacción en cadena de empresarios y agricultores se traduce en una advertencia general: no hay alternativas de pesticidas en México.

Luis Eduardo Gonzáles Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores Agroquímicos (UMFFAAC), asegura que la regulación que se plantea desde el Congreso de la Unión no contempla el impacto negativo que tendría para la actividad comercial y la industria que desarrolla este tipo de productos, pues en la actualidad no hay un catálogo de productos a bajo costo.

Nadie esta peleado con prohibir lo que pudiera ser tóxico o dañino para los campos de México, sin embargo, las autoridades carecen de estudios en estos momentos, por eso es tan grave que se pretenda votar una iniciativa o reforma, dijo Luis Cepeda.

Para tener contexto de lo que significa este mercado, la producción en promedio de estos pesticidas a nivel nacional de 2007 a 2010 fue de aproximadamente 112 mil toneladas.

De ahí la importancia de actualizar el catálogo de productos que se ofertan en la actualidad.

Mientras tanto, el Consejo Nacional Agropecuario, coincidió que el prohibir los plaguicidas químicos sin una discusión “seria y científica” sobre el tema pone en riesgo la seguridad alimentaria a nivel nacional, porque es justo en este sector que se definen los precios de los alimentos que conforman la canasta básica.

Mercado ilegal de pesticidas

A la par de este mercado de plaguicidas se ha ido cocinando otro con productos pesticidas que se ofertan a un precio más bajo pero que son el doble o triple de dañinos para los terrenos donde se cultivan alimentos y para los trabajadores que labran la tierra.

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, reconoce que el uso eficiente de estos pesticidas es vital para los costos de los alimentos, pues se abaratan conforme funcionen o no.

Detalló en una entrevista con Reporte Índigo, que restringir el catálogo de los productos que ahora disponen los productores y empresas agravaría el mercado ilegal que ya existe en la República.

Organizaciones civiles han alertado en diversas ocasiones que el uso excesivo y la falta de mínimas medidas de seguridad de los plaguicidas han provocado problemas nocivos a la salud para quien los maneja y la contaminación de grandes extensiones de terreno fértil en el país, aunado a la contaminación de frutas, verduras y alimentos.

Greenpeace, organización civil dedicada a la defensa del medio ambiente, reveló que, a consecuencia del uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos, el daño a los suelos y ecosistemas de México es irreversible, por lo que a corto plazo se vivirá una crisis de la producción de alimentos y un problema de salud pública debido a la alta toxicidad que se emplea en las tierras de cultivo.

La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) refiere que en el suelo mexicano se emplearon en promedio 4.55 toneladas de plaguicidas por cada 100 hectáreas entre los años 2009 y 2010.

Los agricultores exponen que la afectación — en caso de una prohibición — tendría alcances inimaginables y una merma para más de 60 mil familias que dependen directamente de esta actividad. A ello se le suman los costos que tienen que asumir los trabajadores de estas tierras cuando una cosecha o cultivo no se logra por plagas, condiciones climatológicas u otros factores que dificultan la producción de alimentos.

Retrasos en autorizaciones de permisos de la Cofepris

El tiempo que se registra en promedio por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para obtener el aval y comercializar un nuevo pesticida ha orillado a los productores y empresarios a usar los que ya existen en el mercado.

Y es que son de cuatro a cinco años los que tarda un trámite de registro ante esta autoridad, según refieren las cámaras de agroquímicos y plaguicidas a nivel nacional.

La Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores Agroquímicos precisa que son alrededor de dos mil 700 trámites de nuevos productos fitosanitarios que se encuentran en la congeladora por la Cofepris.

Lo que mata al agricultor mexicano son este tipo de iniciativas que castigarían al campo y al bolsillo de todos los mexicanos, externó en un comunicado la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores Agroquímicos.

Fernando Bejarano, de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), explica que la eliminación de plaguicidas considerados como dañinos tiene el objetivo de evitar malformaciones, abortos, problemas de alteración hormonal y otros padecimientos que se manifiestan a lo largo de los años por su uso prolongado.

Por el momento, existen otras formas de proteger la salud humana y el medio ambiente haciendo uso de un manejo responsable de productos químicos agrícolas mediante el curso de Análisis e Interpretación de la NOM-003-STPS-1999, para el uso de fertilizantes, el cual está diseñado para capacitar a los trabajadores en el manejo seguro de sustancias químicas peligrosas, incluyendo fertilizantes, de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma. La NOM-003-STPS-1999 es una norma mexicana emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que regula la seguridad e higiene en los centros de trabajo en relación con el manejo, transporte y almacenamiento de estas sustancias.

El curso abarca temas como la identificación de riesgos asociados con el uso de fertilizantes, las medidas de prevención y protección necesarias, el manejo seguro de los productos químicos, el almacenamiento adecuado, el uso de equipo de protección personal y los procedimientos de emergencia en caso de derrames o accidentes. Además, se centra en la interpretación de la norma y el cumplimiento de sus disposiciones para garantizar un entorno laboral seguro y saludable.