En mayo de 2023 se anunció un esquema extraordinario para atender la comercialización del maíz blanco de Sinaloa del ciclo O-I 2022/23, ante la caída internacional de precios y el riesgo de saturación local. El objetivo fue dar salida a los volúmenes disponibles pagando un precio de referencia y ordenar la colocación del grano sin frenar el abasto nacional.

Qué se anunció entonces y cómo operó

El planteamiento central fue que Segalmex, en coordinación con el Gobierno de Sinaloa, compraría hasta 1.8 millones de toneladas de maíz blanco con un precio de referencia de $6,965 por tonelada. Paralelamente, el Estado anunciaba apoyos complementarios para productores medianos, mientras que Segalmex daría prioridad a pequeños productores en el acopio. Con el paso de las semanas, la autoridad federal confirmó avances y finalmente reportó el cumplimiento de la compra de un millón de toneladas como parte del programa especial en Sinaloa. En paralelo, la federación comunicó que evaluaría mecanismos para otras regiones, pero las reglas y montos se concentraron en el caso sinaloense, que fue el núcleo operativo real del esquema.

Importaciones y aranceles: el contexto nacional

Mientras avanzaba el acopio en Sinaloa, el Gobierno federal estableció en junio de 2023 un arancel del 50% a las importaciones de maíz blanco para consumo humano, medida temporal que convivió con los compromisos del T-MEC y buscó desalentar compras externas cuando hubiera oferta nacional. Aun así, las importaciones totales de maíz alcanzaron niveles récord en 2023, reflejando la brecha estructural entre la demanda de la industria y la producción interna, así como la diferencia de calidades y ventanas de entrega que requieren los compradores.

Qué pasó después y dónde estamos al 10/09/2025

Durante 2024 persistieron tensiones logísticas: el grano adquirido por el programa especial enfrentó periodos de lento despacho y altos costos de almacenamiento, lo que obligó a reprogramar salidas y a mover inventarios a otras entidades. Para 2025, el mercado opera sin un esquema federal equivalente al de 2023; las compras institucionales se concentran en necesidades específicas de abasto social y los contratos privados entre productores, centros de acopio, harineras y distribuidores retoman su papel principal. En este entorno, la diferencia entre colocar a tiempo y vender con descuentos por urgencia depende, más que nunca, de planear costos completos, definir calidad objetivo, pactar condiciones de entrega y acceder a compradores fuera del radio habitual.

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