Contexto: un país que necesitaba actualizar su política hídrica

México enfrenta, desde hace años, una crisis del agua: sobreexplotación de acuíferos, sequías recurrentes y una distribución desigual entre regiones productoras, industriales y urbanas.
El marco jurídico vigente —la Ley de Aguas Nacionales de 1992— se había quedado corto frente a los retos actuales del cambio climático, el crecimiento urbano y la seguridad alimentaria.

En este contexto, el Congreso aprobó una nueva legislación para actualizar las reglas del uso, control y acceso al agua, buscando mayor equidad, sustentabilidad y transparencia.

Aprobación de la nueva Ley General de Aguas

El 5 de diciembre de 2025, el Senado de la República aprobó en lo general la Ley General de Aguas y las reformas correspondientes a la Ley de Aguas Nacionales.
El decreto fue enviado al Ejecutivo Federal y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta nueva ley redefine el papel del Estado en la gestión del recurso hídrico, estableciendo que el agua es un bien público y un derecho humano, no una mercancía.

Aunque la intención oficial apunta a garantizar el acceso equitativo, la transición genera inquietudes legítimas dentro del sector agro, especialmente entre quienes dependen directamente del agua para producir alimentos.

¿Qué sí y qué no es la nueva Ley de Aguas?

Qué sí es

1. Una actualización necesaria del marco hídrico nacional.
   Sustituye un modelo basado en concesiones transferibles por uno que busca equidad y sostenibilidad.
    
2. Una ley que fortalece la gestión estatal y comunitaria.
   La CONAGUA será la autoridad exclusiva para otorgar, renovar o reasignar derechos de uso, mientras que los Consejos de Cuenca incorporarán la voz de productores, comunidades rurales e indígenas.
    
3. Una apuesta por el uso responsable y eficiente del agua.
   Promueve la tecnificación del riego, el reúso, la captación pluvial y la planeación sustentable.
    
4. Una herramienta contra el acaparamiento.
   Busca evitar la concentración de concesiones en pocas manos y fomentar la transparencia sobre quién usa el agua, cuánto y para qué.

Qué no es

1. No expropia el agua del campo.
   Las concesiones vigentes seguirán válidas, aunque deberán registrarse y comprobar uso conforme.
    
2. No elimina el uso agrícola.
   El agua para riego continúa siendo prioritaria, siempre que se use de forma sustentable y documentada.
    
3. No privatiza el recurso.
   Por el contrario, lo devuelve al control público y comunitario.
    
4. No prohíbe operar pozos.
   Los productores podrán mantener sus fuentes si cumplen con la regularización y medición de volúmenes.

Consecuencias: entre la oportunidad y la preocupación

Impactos positivos

• Distribución más justa del agua, con prioridad a comunidades rurales y pequeños productores.
   
• Transparencia total a través del nuevo Registro Nacional del Agua.
   
• Fomento a la sustentabilidad mediante incentivos a la tecnificación del riego y reúso.
   
• Protección ambiental y seguridad a largo plazo para las futuras generaciones del agro.
   

Riesgos y preocupaciones

• Incertidumbre jurídica temporal, mientras se ajustan las concesiones y reglamentos.
   
• Mayor carga administrativa ante los nuevos trámites y verificaciones.
   
• Pérdida de valor patrimonial de tierras donde los derechos de agua eran transferibles.
   
• Riesgo de desigualdad regional, si los procesos de reasignación no se aplican con criterios técnicos y transparentes.

El reto será encontrar equilibrio: garantizar acceso justo sin frenar la productividad del campo mexicano.

Bloqueos y protestas: una señal de preocupación legítima

Durante los primeros días de diciembre, productores agrícolas y transportistas de varios estados bloquearon carreteras y puentes en protesta por la aprobación de la ley.
Los manifestantes expresaron inquietud por la falta de consulta y el posible impacto sobre sus derechos de riego.

Aunque algunos bloqueos ya se levantaron, las organizaciones del campo mantienen mesas de diálogo para asegurar que la implementación de la ley no afecte la viabilidad productiva ni el patrimonio rural.

Smattcom: aliado del campo ante los nuevos retos del agua

En Smattcom, entendemos que el agua es el eje de la producción agrícola y la base de la seguridad alimentaria.
Por eso, reafirmamos nuestro compromiso con los productores, distribuidores y compradores del agro mexicano a través de:

• Información clara y actualizada sobre políticas públicas y precios agroalimentarios.
   
• Información y acompañamiento digital para fortalecer la gestión responsable del agua en las operaciones agrícolas.
   
• Promoción de prácticas sustentables en el comercio agro, alineadas con la nueva legislación.

Nuestro propósito sigue siendo el mismo: impulsar un campo rentable, informado y sostenible, sin importar los cambios del entorno.

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